Las playas de Phuket serán «restauradas»

El ministro de Medio Ambiente de Tailandia afirmó que el Gobierno seguirá adelante con los esfuerzos para recuperar terrenos de playa y bosques ocupados ilegalmente en Phuket, lo que incluye posibles demoliciones, incluso mientras algunas partes privadas buscan protección del Tribunal Administrativo.

En declaraciones realizadas en la Casa de Gobierno el 14 de julio, el ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Suchart Chomklin, dijo que los casos de ocupación ilegal en Phuket se estaban gestionando en dos grupos: uno relacionado con el Departamento de Parques Nacionales, Fauna y Conservación de Plantas (DNP), y otro con el Departamento Forestal Real (RFD).

Dijo que los casos abarcan zonas de playa, incluidas las playas Nui y Freedom. En los casos relacionados con el DNP, las autoridades habían solicitado permiso para colocar avisos en dos grandes hoteles cuyos propietarios habían litigado durante más de una década antes de aceptar las sentencias judiciales. A los operadores se les dio aproximadamente un mes para retirar las estructuras, y el plazo indicado en el aviso de demolición vencía el 18 de julio de 2026. Si no cumplían, las autoridades ejecutarían la demolición conforme a la ley.

Anteriormente, Suchart ordenó a funcionarios del DNP, del Parque Nacional Sirinat y de la Oficina de Ejecución Legal de Phuket hacer cumplir las sentencias judiciales en dos casos. Uno afecta a un terreno de 13 rai en el subdistrito de Sakhu, donde el Tribunal Supremo ordenó revocar un certificado de uso de la tierra y demoler 39 estructuras de hoteles y villas. El otro se refiere a un terreno de 12 rai en el subdistrito de Choeng Thale.

Suchart afirmó que debían cumplirse las órdenes judiciales. Añadió que la ley utilizada por el DNP era más estricta que la del RFD y permitía llevar a cabo directamente las demoliciones.

Dijo que otra parte del problema de las playas estaba relacionada con ocupantes de larga duración que habían estado cobrando tarifas de entrada a las playas y obteniendo cientos de miles de baht al día. Describió el asunto como una cuestión de beneficio privado y afirmó que ningún inversor estaba por encima de la ley. Dijo que el Estado recuperaría los terrenos y defendería los casos por las vías legales.

El ministro afirmó que contaba con el apoyo de los directores generales de ambas agencias y que el esfuerzo requería la cooperación de todos los funcionarios públicos. Añadió que dos jefes de agencias de Phuket habían sido reasignados, y señaló que cualquier funcionario que se sintiera incómodo o preocupado por su seguridad podía solicitar un traslado.

Sobre los casos dependientes del RFD, Suchart dijo que algunas partes privadas se negaban a aceptar la medida y seguían litigando. Afirmó que las autoridades ya sabían que la ocupación de los terrenos era ilegal y que no podían permitir que tierras públicas fueran tratadas como propiedad privada.

Suchart dijo que había recibido informes de que algunas partes privadas habían solicitado protección al Tribunal Administrativo después de que los funcionarios colocaran avisos de demolición, en un intento por retrasar la medida. Afirmó que el Gobierno tenía todas las pruebas y las presentaría ante el tribunal. Añadió que el tribunal examinaría las pruebas y señaló que casos relacionados ya habían derivado en penas de prisión en 2018, 2019 y 2024. También dijo que los certificados de uso de la tierra implicados eran documentos Nor Sor 3 que ya habían sido revocados, lo que significaba que los terrenos eran bosques.

Dijo que las partes privadas habían estado cobrando tarifas de entrada a las playas durante más de una década y seguían haciéndolo mientras el proceso judicial estaba pendiente, y añadió que esperar unos días más para que el tribunal examinara el caso supondría poca diferencia.

Al preguntarle si ambos grupos de casos podían resolverse, Suchart dijo que los medios de comunicación debían observar el resultado. Afirmó que algunas personas podían haber comprado terrenos sin saber que eran ilegales, y que esos casos debían abordarse aceptando los hechos. Pero dijo que quienes supieran que los terrenos eran ilegales y aun así intentaran conservarlos se enfrentarían a todo el proceso legal.

Al preguntarle si los implicados eran principalmente funcionarios o figuras influyentes, Suchart dijo que en algunas playas los actores visibles no eran quienes realmente tenían el poder detrás de los casos, y que las autoridades intentaban identificar a todos los involucrados.