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La comisión de la Cámara tailandesa intensifica la investigación sobre terrenos de playas de Phuket

La Comisión de la Cámara de Representantes de Tailandia contra la Corrupción y la Mala Conducta ha intensificado su investigación sobre disputas por terrenos públicos en Phuket tras las quejas de residentes y turistas por el acceso restringido a las playas, los cobros no autorizados y la.

La comisión de la Cámara tailandesa intensifica la investigación sobre terrenos de playas de Phuket

La Comisión de la Cámara de Representantes de Tailandia contra la Corrupción y la Mala Conducta ha intensificado su investigación sobre disputas por terrenos públicos en Phuket tras las quejas de residentes y turistas por el acceso restringido a las playas, los cobros no autorizados y la invasión de terrenos forestales.

La delegación, encabezada por el presidente de la comisión, Arsapol Sorntraiphop, visitó la playa Nui y la playa Freedom en el segundo día de inspecciones, después de reunirse el día anterior con organismos provinciales en el Ayuntamiento de Phuket. También participaron el vicepresidente, Preeti Charoensilp; el portavoz de la comisión, Thanathan Pramoonpong; y el diputado local del Partido del Pueblo, Chalermpong Saengdee.

Las inspecciones formaron parte de un programa parlamentario más amplio que también incluyó visitas a la playa Bang Tao, el Parque Nacional Sirinat, la playa Patong y la Comisaría de la ciudad de Phuket. La ronda ampliada de visitas se produjo después de una inspección del primer ministro en la playa Bang Tao el mes pasado, tras la cual se ordenó a las autoridades abordar la invasión de terrenos públicos, restablecer el acceso público y actuar contra los operadores ilegales.

En la playa Nui, la comisión anticorrupción examinó las quejas sobre las rutas de acceso bloqueadas y las tarifas cobradas a los visitantes que entraban en la playa. Los funcionarios también revisaron el uso de terrenos bajo la Oficina de Reforma Agraria Agrícola, o ALRO, que sigue bajo escrutinio legal.

En la playa Freedom, la comisión revisó 24 casos de invasión de terrenos forestales, así como las reiteradas quejas de residentes y turistas sobre cobros no autorizados y riesgos para la seguridad. El lugar también ha suscitado preocupación por varios incidentes de ahogamiento durante la temporada de monzones, por lo que la comisión instó a los organismos a mejorar las señales de advertencia y reforzar las medidas de seguridad en las zonas propensas a riesgos.

Según el Departamento de Tierras, el área de la playa Freedom abarca nueve parcelas. Los tribunales ya han revocado dos títulos de propiedad que se determinó que habían sido expedidos ilegalmente, mientras que las otras siete parcelas siguen bajo revisión. La comisión también recibió peticiones de residentes relacionadas con los derechos sobre la tierra y su uso.

Arsapol dijo que todos los organismos debían presentar la documentación completa en un plazo de 15 días para su análisis. Señaló que cualquier título de propiedad expedido ilegalmente, negligencia en el cumplimiento del deber u otras infracciones legales serían objeto de acciones judiciales.

Dijo que los terrenos bajo revisión pertenecen a la nación y deben protegerse con el mismo criterio, y añadió que el objetivo es garantizar la equidad para todas las partes y proteger el interés público a largo plazo.

Por separado, la Comisión de la Cámara de Representantes sobre Tierras, Recursos Naturales y Medio Ambiente también visitó la playa Nui para hacer seguimiento a la invasión de terrenos forestales protegidos y a los esfuerzos por restablecer el acceso público. Los funcionarios informaron a esa comisión de que el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente había ordenado demoler antes del 9 de julio 39 estructuras situadas en la zona disputada. Si los propietarios no cumplen, las autoridades llevarán a cabo las demoliciones y tratarán de recuperar los costos conforme a la ley.

La comisión dijo que también estaba vigilando las denuncias sobre testaferros extranjeros que poseen tierras ilegalmente, las restricciones al acceso público y la aplicación de las órdenes judiciales que exigen retirar las estructuras ilegales.