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Tailandia somete a revisión 159 empresas de Phuket por sospechas de estructuras con testaferros

El Ministerio del Interior de Tailandia ha sometido a un proceso formal de revisión a 159 empresas de Phuket sospechosas de utilizar estructuras con testaferros, y ya se han emprendido acciones legales contra 39 de ellas, declaró el viceministro del Interior, Phirun Suwannachwee.

Tailandia somete a revisión 159 empresas de Phuket por sospechas de estructuras con testaferros

El Ministerio del Interior de Tailandia ha sometido a un proceso formal de revisión a 159 empresas de Phuket sospechosas de utilizar estructuras con testaferros, y ya se han emprendido acciones legales contra 39 de ellas, declaró el viceministro del Interior, Phirun Suwannachwee.

Durante una intervención ante el Parlamento sobre los esfuerzos para reorganizar las empresas relacionadas con el turismo en Phuket, Phirun dijo que 34 empresas ya habían sido disueltas obligatoriamente. Añadió que unas 200 empresas más serían remitidas a la comisión para un examen adicional.

Phirun dijo que las autoridades estaban revisando más de 10.000 empresas registradas en la isla, de las cuales más de 400 podrían ser sometidas a investigación por sospechas de acuerdos con testaferros. Los investigadores examinarían la naturaleza de cada empresa y determinarían si se estaba utilizando a ciudadanos tailandeses como accionistas testaferro en nombre de intereses extranjeros.

Las autoridades señalaron que, si se confirmaban las infracciones, los responsables estarían obligados a vender los terrenos y podrían enfrentarse a procesos civiles y penales. Los funcionarios también están investigando documentación inmobiliaria cuestionable, incluidos casos en los que presuntamente se ampliaron de forma indebida títulos de propiedad, como parcelas que pasaron de cinco a ocho rai, o títulos emitidos sobre reservas forestales y zonas de reforma agrícola.

Según Phirun, se ha ordenado al Departamento de Tierras revisar los documentos inmobiliarios, incluido cuándo se emitieron y sobre qué base fueron concedidos. Dijo que el Departamento de Tierras y el Ministerio de Comercio estaban trabajando en estrecha colaboración, cotejando los registros de inscripción empresarial con los datos sobre la propiedad de la tierra.

Phirun dijo que las autoridades respetarían el debido proceso y examinarían tanto a quienes hubieran infringido la ley como a los funcionarios que pudieran haber permitido que ocurrieran esas actividades. Él y el viceministro del Interior Vorasit Liangprasit, a quienes el primer ministro y ministro del Interior Anutin Charnvirakul encargó supervisar la operación, visitaron Phuket el domingo y tienen previsto regresar en un plazo de dos semanas para supervisar los avances.

Dijo que las autoridades esperaban ofrecer una actualización sobre los avances esta semana y tenían previsto celebrar una sesión informativa conjunta con el Departamento de Tierras el jueves o el viernes. También se invitaría a participar en las conversaciones a las comisiones parlamentarias que estudian el asunto.

El ministro también expuso los avances en los permisos de funcionamiento de hoteles en Phuket y señaló que anteriormente la provincia podía emitir unos 40 certificados de servicios hoteleros al año. Tras cambios en los métodos de trabajo posteriores a una reciente visita sobre el terreno, tan solo en los últimos 10 días se habían emitido unos 45 permisos.

Dijo que el proceso de concesión de licencias más rápido tenía como objetivo ayudar a los operadores hoteleros y a otras empresas de Phuket a operar legalmente y reducir los problemas vinculados a los pagos ilícitos, permitiendo a los propietarios de negocios honestos trabajar sin miedo ni incertidumbre.

Las autoridades señalaron que la aplicación de la ley sería firme pero mesurada y advirtieron contra los cierres indiscriminados que podrían perturbar la economía y la industria turística de Phuket y afectar a los empleados tailandeses. Se ha ordenado a los gobernadores provinciales y a los administradores locales reforzar el cumplimiento de la ley y evitar que grupos influyentes exploten a los ciudadanos, mientras que en algunos casos podrían ser posibles la desinversión y la reestructuración bajo una revisión transparente.